Palma
El decano del Icaib reclama que se agilice la resolución de solicitudes de asilo y pide mayor eficacia en la protección de las personas regugiadas
A juicio del decano es preciso seguir exigiendo a los países de la UE que asuman su responsabilidad con las personas desplazadas, que dejen de mirar hacia otro lado y y que “estén a la altura de los principios de solidaridad e igualdad sobre los que, al menos sobre el papel, se fundamenta la construcción europea”
El decano de los abogados de Baleares, Martín Aleñar, ha reclamado a las autoridades españolas que se agilicen los trámites y los procedimientos de resolución y concesión de las solicitudes de asilo en nuestro país y que se arbitren medidas eficaces de protección hacia un colectivo especialmente vulnerable.
Durante la inauguración de la jornada sobre el papel de los abogados en la protección internacional de las personas refugiadas que, organizada por la Fundación Abogacía Española y ACNUR, se celebró ayer en la sede del Colegio de Abogados, Martín Aleñar recordó que en nuestro país son más de 15.000 las personas que están esperando una decisión sobre sus peticiones de asilo y que en algunos casos las demoras llegan a varios años, lo que deja a los solicitantes en una situación de “limbo jurídico” incompatible con la urgencia que requieren las necesidades de protección internacional de muchas de esas personas.
A juicio del decano es preciso seguir exigiendo a los países de la Unión Europea que asuman su responsabilidad con las personas desplazadas, que, recordó, superan ya los 65 millones de personas; que dejen de mirar hacia otro lado; y que “estén a la altura de los principios de solidaridad e igualdad sobre los que, al menos sobre el papel, se fundamenta la construcción europea”.
La jornada contó con la intervención del señor Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección de ACNUR, que analizó diferentes aspectos relacionados, entre otras cuestiones, con la protección internacional, la detección de personas en necesidad de protección, el procedimiento de asilo y la fase judicial.
Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa “Aula de Derechos Humanos” que impulsa la Fundación Abogacía Española a fin de, en colaboración con los colegios de abogados, contribuir a mejorar la defensa y la protección de los derechos fundamentales de los colectivos más desprotegidos.
El decano de los abogados de Baleares, Martín Aleñar, ha reclamado a las autoridades españolas que se agilicen los trámites y los procedimientos de resolución y concesión de las solicitudes de asilo en nuestro país y que se arbitren medidas eficaces de protección hacia un colectivo especialmente vulnerable.
Durante la inauguración de la jornada sobre el papel de los abogados en la protección internacional de las personas refugiadas que, organizada por la Fundación Abogacía Española y ACNUR, se celebró ayer en la sede del Colegio de Abogados, Martín Aleñar recordó que en nuestro país son más de 15.000 las personas que están esperando una decisión sobre sus peticiones de asilo y que en algunos casos las demoras llegan a varios años, lo que deja a los solicitantes en una situación de “limbo jurídico” incompatible con la urgencia que requieren las necesidades de protección internacional de muchas de esas personas.
A juicio del decano es preciso seguir exigiendo a los países de la Unión Europea que asuman su responsabilidad con las personas desplazadas, que, recordó, superan ya los 65 millones de personas; que dejen de mirar hacia otro lado; y que “estén a la altura de los principios de solidaridad e igualdad sobre los que, al menos sobre el papel, se fundamenta la construcción europea”.
La jornada contó con la intervención del señor Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección de ACNUR, que analizó diferentes aspectos relacionados, entre otras cuestiones, con la protección internacional, la detección de personas en necesidad de protección, el procedimiento de asilo y la fase judicial.
Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa “Aula de Derechos Humanos” que impulsa la Fundación Abogacía Española a fin de, en colaboración con los colegios de abogados, contribuir a mejorar la defensa y la protección de los derechos fundamentales de los colectivos más desprotegidos.
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