Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de 22 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social.

El operativo policial se encuadra dentro de una investigación policial cuya primera fase se llevó a cabo a mediados del mes de noviembre en Palma donde se detuvo a seis personas relacionadas con un supuesto fraude a la hacienda pública y a la seguridad social, estafa, falsedad documental y favorecimiento a la inmigración irregular.

El grupo IV de la UCRIF de la Policía Nacional, encargado de las pesquisas prosiguió con las gestiones ya que los agentes efectuaron una entrada y registro en el despacho de un antiguo gestor, y uno de los principales investigados en la causa.

Empresa ficticia que dio de alta a más de 30 trabajadores

Como consecuencia del estudio documental los agentes comprobaron que se había dado de alta a otra empresa que presentaba visos inequívocos de ser ficticia, verificando que estaba a nombre de una mujer con escasos recursos económicos y sin logística alguna para llevar a cabo el cometido empresarial. En dicha empresa se había dado de alta a más de treinta personas.

Supuestamente el principal investigado habría creado una empresa ficticia a nombre de una mujer sin recursos y quien en principio no tendría conocimiento de ello, con la única finalidad de que todos los trabajadores, a cambio de una contra prestación económica a favor de éste, para que los mismos obtuvieran un beneficio, como el cobro de alguna prestación económica por parte de las administraciones públicas, o bien, la obtención del permiso de residencia en nuestro país para los trabajadores extranjeros.

Matrimonios de conveniencia

Además, algunos de los trabajadores también habrían contraído matrimonio con ciudadanos de terceros países (siendo alguno de ellos de los denominados “matrimonios de conveniencia”), al objeto de que éstos regularizaran su situación en España, utilizando para ello las altas ficticias en la empresa investigada, ya que uno de los requisitos para la obtención de dicha autorización de residencia es acreditar que la persona comunitaria dispone de medios de económicos.

Los trabajadores habrían pagado al gestor entre 200 y 2.000 euros.

Había sido inhabilitado para el acceso al sistema RED de la Seguridad Social y utilizó a otra gestoría para dar de alta a los trabajadores

Al principal investigado le constan numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares, de hecho la seguridad social le había retirado el acceso al sistema RED que le habilitaba para poder dar de alta a los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que utilizó a otra gestoría para que dieran de alta a los cinco trabajadores investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios y pruebas, los agentes llevaron a cabo las detenciones de 22 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social. Además se ha tomado declaración a la supuesta empleadora como presunta autora de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.

La investigación continúa abierta ya que no descartan más detenciones.