Las webs corporativas de los ayuntamientos baleares vuelven a suspender en transparencia mayoritariamente, según se desprende del análisis concluido por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en agosto de 2022.

En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano. Cinco años después, el grado de cumplimiento de la ley en Baleares es muy bajo. El Mapa Inforpaticipa revela que en esta segunda oleada de 2022 sólo 8 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado (el 12%, frente al 88% de suspensos). En la primera oleada aprobaron 11 localidades (17%, frente al 83% de suspensos). El modelo de la UAB no valora únicamente la presencia de información, sino que esta sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actual. Hay un empeoramiento en cuanto al cumplimiento general, que se debe fundamentalmente a la no actualización de la información entre ambas oleadas.

Los ayuntamientos con aprobado en la segunda oleada son Santa Eulària des Riu, Calvià, Inca, Marratxí, Felanitx, Palma y Eivissa, y Maó. Algunos aprobados en la primera oleada suspenden en la segunda y se registra una nueva incorporación en el grupo de aprobados: se trata de Felanitx, un municipio que realiza un extraordinario esfuerzo de mejora, pasando de una nota de 1,9 en la primera oleada a una nota de 7,7 en la segunda. De los aprobados, sólo 1 alcanza el sobresaliente, pero hay una mejora de otros 4 (Calvià, Inca y Marratxí pasan del bien al notable y Felanitx se suma). Otros 3 reducen su nota y se quedan entre 5 y menos de 6 (Palma, Eivissa, Maó), y otros 4 que en la primera oleada obtuvieron aprobado pasan en la segunda al grupo de suspendidos (Ciudadela, Es Castell, Sant Llorenç de Cardassar y Sant Lluís, tres de los cuales se ubican en Menorca). La mayoría de municipios obtiene notas muy bajas (el 77,6% igual o menor a 3,5).

Los resultados se publican en el Mapa Infoparticipa. Para lograr el Sello Infoparticipa los ayuntamientos deben cumplir entre el 75 y el 95% de indicadores, según el número de habitantes del municipio. La certificación es anual porque el cumplimiento de la transparencia debe ser continuo.

El modelo de análisis, diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona (LPCCP, UAB), actualmente constituido como grupo de investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia), integra 52 indicadores que valoran dos tipos de criterios de validación: que haya información actualizada referida de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable. La metodología tiene en cuenta dos grandes variables: Transparencia de la Corporación e Información para la Participación, según explica la investigadora responsable del proyecto, la doctora Marta Corcoy.

La UAB realizará un nuevo análisis a principios de 2023. Los municipios que incumplen la ley son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público. El artículo 5 de la norma obliga a la “publicación periódica y actualizada de información relevante relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública” y el artículo 30 fija sanciones para las infracciones, considerando grave el “incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa” (artículo 9)