Sucesos / Mallorca / Palma
La Guardia Civil junto con la Dirección general de Salud Pública intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no aptos para el consumo humano
La Guardia Civil junto con la Dirección General de Salud Pública del Govern de Illes Balears, en el marco de las competencias que tienen atribuidas en la realización de inspecciones periódicas, han intervenido 20 toneladas de marisco y pescado, no aptos para el consumo humano.
![[Img #77240]](https://manacormanacor.com/upload/images/11_2025/8698_18110724_670.jpg)
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) junto con técnicos de la Dirección General de Salud Pública, llevaron a cabo el pasado mes de abril, una inspección en una empresa distribuidora de alimentos de pescados ubicada en Palma de Mallorca.
En dicha inspección se localizó una partida de 20 toneladas de marisco y pescado que la empresa almacenaba en unas instalaciones donde los agentes de la benemérita y los técnicos observaron que la mayoría de los productos presentaban fechas de consumo preferente rebasada, con fechas del año 2019 e incluso localizaron partidas de alimentos que habrían roto la cadena de frío y habrían sido congelados nuevamente.
La inspección se saldó con la intervención e inmovilización de la partida de alimentos, evitando así su llegada al consumidor y sancionándose económicamente con dos infracciones muy graves relacionadas con la ley de salud
pública y la protección de las personas consumidoras, por una cuantía total de 90.000 euros.
![[Img #77240]](https://manacormanacor.com/upload/images/11_2025/8698_18110724_670.jpg)
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) junto con técnicos de la Dirección General de Salud Pública, llevaron a cabo el pasado mes de abril, una inspección en una empresa distribuidora de alimentos de pescados ubicada en Palma de Mallorca.
En dicha inspección se localizó una partida de 20 toneladas de marisco y pescado que la empresa almacenaba en unas instalaciones donde los agentes de la benemérita y los técnicos observaron que la mayoría de los productos presentaban fechas de consumo preferente rebasada, con fechas del año 2019 e incluso localizaron partidas de alimentos que habrían roto la cadena de frío y habrían sido congelados nuevamente.
La inspección se saldó con la intervención e inmovilización de la partida de alimentos, evitando así su llegada al consumidor y sancionándose económicamente con dos infracciones muy graves relacionadas con la ley de salud
pública y la protección de las personas consumidoras, por una cuantía total de 90.000 euros.




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