Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Palma de Mallorca a tres personas –un hombre y dos mujeres- por su presunta participación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. La investigación ha podido comprobar cómo los arrestados colaboraban, de forma activa, con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.

La operación, que se ha desarrollado por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca.

Operación OSZAN

La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un ciudadano extranjero, de nacionalidad rusa, sujeto a medidas restrictivas internacionales. Los detenidos actuaban como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.

Según las pesquisas, los implicados -ubicados en España- participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas. Ello les ha permitido obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional. Estas acciones tenían como fin último permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes.

Registros y medidas judiciales

En el marco de la explotación operativa, los agentes procedieron a la entrada y registro de cinco villas de lujo donde se intervino abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material relevante para la causa. En la mañana del pasado once de marzo, dos de las personas detenidas fueron puestas a disposición judicial quien decretó medidas cautelares sobre ellas.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº 1 de Palma de Mallorca, decretó el secreto de las actuaciones. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades involucradas en este entramado de elusión de sanciones.