Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a ocho personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, iniciada por el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha revelado una estructura criminal con una estabilidad de al menos tres años y un ánimo de lucro sostenido.

La organización utilizaba una estructura documental fraudulenta diseñada para eludir los controles administrativos del Padrón Municipal de Palma, buscando oficinas con menos mecanismos de fiscalización.

El grupo creaba contratos de alquiler y arras falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles. Una vez confeccionado el contrato falso, los miembros de la red firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de terceros, cobrando entre 250 y 300 euros por cada alta ilícita.

La investigación ha permitido identificar una distribución de funciones coordinada dentro de la organización.

Se han identificado 70 beneficiarios directos de la trama. El objetivo final de estas altas fraudulentas no era el uso de la vivienda, sino la obtención de beneficios colaterales como el acceso a la tarjeta sanitaria, la obtención de la Tarjeta Ciudadana para subvenciones al transporte y la generación de antecedentes de residencia para tramitar expedientes de arraigo social.

Por todo ello, al conocer la estructura de la organización y a las personas que la conformaban, fueron detenidos cinco hombres y tres mujer por ser presuntos autores de un delito falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.