Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a seis personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, procediendo al embargo de bienes en España y Suecia.

    
La investigación ha sido desarrollada durante más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Palma, que recabó auxilio del FBI, la Polisen sueca y la BKA alemana para rastrear del dinero, canalizado a través de Emiratos Árabes, Singapur, Georgia y Suecia.

El supuesto estafador que ideó la trama había comprado una casa en el paseo marítimo de Palma, ahora embargada. Su red de blanqueo se extendía también a Panamá, Hong Kong y otros países.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura de Policía de Baleares ha cerrado en las últimas semanas una compleja investigación, en el marco de la Operación Acantilado, desvelando como un entramado de empresas radicadas en Palma habían sido utilizadas para invertir más de diez millones de euros procedentes de una de las mayores macroestafas con criptomonedas.

Los hechos se iniciaron en el año 2015, cuando una persona quiso comprar un piso de lujo para que familiares veraneasen en Mallorca. Esta persona, por aquel entonces residente en Oriente Medio, necesitaba un mecanismo para introducir su “dinero sucio” en España con apariencia de legalidad. Para ello, contactó con unos empresarios extranjeros, uno de ellos regentaba un local hostelero de poco éxito en el casco antiguo de Palma, y les planteó la posibilidad de hacer importantes inversiones tanto en inmuebles como en locales de hostelería. La condición era que apareciesen ellos como los inversores y la verdadera procedencia del capital quedase oculta.

La arquitectura de la trama fue presuntamente ideada por un asesor que supuestamente creó una red de sociedades “pantalla” que tenían como propietarios a varios empresarios, pero estaban financiadas con fondos de las víctimas del fraude global que fluían a través de cuentas en Singapur, Georgia, Emiratos Árabes y Suecia.

Una parte de los fondos se utilizó para comprar la residencia vacacional en Palma, mientras el resto financió la adquisición de varios inmuebles en mal estado ubicados en el Terreno, el Portixol y el casco histórico de Palma, así como dos locales hosteleros en el paseo marítimo. 

La idea era reformarlos y venderlos, pero la mayúscula estafa piramidal de la que procedían los fondos se desmoronó cuando los proyectos estaban aún a medias. El presunto estafador se escondió en el sudeste asiático, pero finalmente fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable y está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión. 

El asesor, apoderado en todas las empresas, se había desvinculado de la trama poco antes de que colapsase el fraude del que procedía el dinero. El resto de los investigados, por el contrario, se encontraron como dueños aparentes de todas las inversiones, por lo que optaron por conjurarse para repartirse el dinero. 

Cuando los investigadores empezaron a indagar toda la trama, ya habían reformado y vendido un edificio con doce apartamentos de alquiler vacacional, un edificio reconvertido a mansión en Sa Calatrava y dos chalets en primera línea en Es Portixol, pero todavía estaban desarrollando varios proyectos más, todos ellos embargados. Entre estos, destaca un edificio en El Terreno.

El resto del inmueble lo tenían a la venta por 6.8 millones, a pesar de que en los documentos intervenidos constaba que el verdadero dueño del lujoso ático era el presunto estafador condenado en Estados Unidos, que no tuvo ocasión de llegar a ponerlo a su nombre.

Los agentes han practicado varios registros y se ha detenido a cinco personas. Por parte de la autoridad judicial se ha acordado el embargo de bienes en España y Suecia, incluyendo  inmuebles valorados en más de 15 millones de euros, así como un barco, un vehículo de alta gama y numerosas cuentas bancarias con cientos de miles de euros.

Finalmente, los policías nacionales han detenido durante los últimos días a tres empresarios relacionados con la trama, a un contable y a un asesor que supuestamente ayudaron a constituir la red, como presuntos autores de los hechos investigados